Las 160 familias que habían ganado por sorteo sus casas del Plan Procrear en Avellaneda hoy sienten que les arrebataron su sueño. Acusan al presidente Javier Milei, a Patricia Bullrich y a Luis “Toto” Caputo de defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público, y ya los denunciaron ante el Juzgado Federal N° 9.

Los inmuebles, listos para entregar a fines de 2023, sólo requerían la conexión definitiva de luz. Sin embargo, la nueva gestión libertaria eliminó el Procrear, traspasó las viviendas al Ministerio de Seguridad y, en junio, Bullrich las cedió en comodato a gendarmes, prefectos y policías federales.

La ministra ya había anticipado en febrero que “estaban trabajando para darles planes Procrear” a uniformados. Esta misma semana volvió a entregar 54 viviendas más del programa, en Córdoba.

El abogado de las familias, Leonardo Martínez Herrero, aseguró que el Banco Hipotecario —propiedad de Eduardo Elsztain— demoró intencionalmente la documentación, mientras el Estado seguía recibiendo cuotas iniciales pero sin asignar los inmuebles. “Esto es una estafa: se adjudicaron por acto administrativo, pero luego se las dieron a otras personas”, denunció.

La causa penal se complementa con una demanda civil impulsada por la Defensoría de Avellaneda, que busca frenar el desalojo de derechos que —según los vecinos— encubre un reparto político a las fuerzas de seguridad.