Lunes 18 de agosto de 2025

Fentanilo mortal: Diputados exigen respuestas a Salud y ANMAT por más de 90 muertes

El Congreso avanza con pedidos de informes y proyectos para investigar el origen del fentanilo inyectable contaminado que provocó una tragedia sanitaria. Laboratorios bajo la lupa, reclamos de familiares y críticas al sistema de control estatal.

Miércoles 13 de agosto de 2025

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La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (Unión por la Patria), convocó para este miércoles a las 9 una reunión urgente con el objetivo de tratar proyectos que exigen explicaciones al Ministerio de Salud y a la ANMAT por las muertes vinculadas a fentanilo inyectable contaminado.

Las iniciativas presentadas por Yedlin y la diputada Victoria Tolosa Paz piden que el Ejecutivo informe la cantidad de casos confirmados, probables y sospechosos; el número total de fallecidos; y la cronología de los hechos. También solicitan a la ANMAT que detalle las medidas adoptadas desde que se detectaron los primeros casos, identifique los lotes involucrados y explique si hubo fallas en el sistema de control y trazabilidad de medicamentos.

El pedido incluye datos sobre inspecciones y auditorías realizadas en los últimos cinco años a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., además del listado de instituciones de salud, públicas y privadas, que recibieron los lotes contaminados. Según Tolosa Paz, el Instituto Malbrán halló bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, ambas multirresistentes y con alto riesgo de letalidad en pacientes críticos.

En paralelo, familiares de las víctimas reclamaron en el Congreso que se declare la emergencia sanitaria y se prohíba el uso de fentanilo en todo el país. También pidieron la detención del dueño del laboratorio señalado. “Es una crisis sanitaria, una emergencia y una catástrofe, producto de dos laboratorios que hicieron un desastre a nivel nacional”, denunció Alejandro Ayala, hermano de una de las víctimas.

Desde el PRO, en tanto, presentaron un proyecto para crear una comisión que investigue cómo el medicamento adulterado ingresó al sistema de salud y determine responsabilidades en la cadena de producción y distribución.

El caso, que ya dejó al menos 96 muertos, se convirtió en un escándalo sanitario que golpea de lleno la confianza en los mecanismos de control estatal y amenaza con escalar en el debate político.