En medio de un fuerte ajuste a jubilados y beneficiarios de programas sociales, el gobierno nacional vuelve a quedar en el centro de las críticas por una nueva licitación sospechosa. Esta vez, el foco está en el PAMI, que acaba de adjudicar un contrato de u$s450 millones para la compra y distribución de pañales, en un proceso tan veloz como opaco, firmado por su titular Esteban Leguizamo.

Los pliegos se publicaron el 14 de abril y en apenas once días —con un feriado de por medio— ya se habían abierto los sobres. En ese corto plazo, tres de los cuatro oferentes quedaron fuera por exigencias imposibles de cumplir y condiciones que cambiaron sobre la marcha. Se impuso además una garantía de $25.000 millones, un filtro que deja en evidencia la intención de concentrar el negocio en manos amigas.

“El proceso fue diseñado para excluir”, denuncian desde el sector. Y lo que es peor: se utilizarían padrones desactualizados, lo que permitiría facturar insumos que no se entregan. Actualmente, más de 200.000 afiliados acceden a pañales a través de receta electrónica, un sistema que, mal utilizado, podría ser la puerta de entrada a maniobras fraudulentas.

Más gasto, peor calidad y adelanto millonario

El nuevo esquema eleva el costo mensual de los insumos de $11.000 millones a más de $13.000 millones, sin que ello represente una mejora para los afiliados. Por el contrario, los nuevos pañales son más livianos, menos absorbentes y de menor calidad. “Pagan más por productos peores”, resumen fuentes del sector.

El contrato, además, contempla un adelanto del 3% del total sin justificación clara, una práctica poco habitual en el sector público. Todo esto refuerza las sospechas de que el proceso fue armado a medida de un único beneficiario.

Una trama que se empieza a revelar

La empresa ganadora había comenzado a contactar fabricantes semanas antes de que la licitación fuera publicada, una evidencia que alimenta las denuncias de direccionamiento. Exfuncionarios del propio Javier Milei ya habían advertido sobre compras con sobreprecios de hasta 700% en otras áreas. Ahora, el caso PAMI revela un modus operandi sistemático, que contradice el discurso oficial de transparencia y eficiencia.

Mientras el gobierno nacional recorta medicamentos, achica presupuestos sociales y elimina coberturas para miles de personas mayores, monta negocios millonarios sin competencia real y sin control. La promesa de “casta afuera” parece cada vez más una cortina de humo para beneficiar a los mismos de siempre.